El pasado mes de junio se supo que el Tribunal Supremo había apreciado indicios de inconstitucionalidad en determinados preceptos de la Ley 15/2012, normativa que regula el Impuesto sobre el valor de la Producción de Energía Eléctrica, así como en el Impuesto sobre Producción de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radiactivos y el Impuesto sobre el Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radioactivos, en atención a varios recursos interpuestos por UNESA (patronal eléctrica), Iberdrola y Endesa.
